La nueva fiscalidad inmobiliaria en Cataluña: un "castigo" a la inversión

Siguiendo la línea del Gobierno central, la Generalitat ha modificado la fiscalidad del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de viviendas. El cambio, que se venía anunciando desde hace tiempo, incrementa los tipos impositivos, convirtiendo a Cataluña en el lugar más caro de España para comprar una vivienda.

Antes, el ITP tenía dos tramos:

• 10 % para viviendas de hasta un millón de euros.

• 11 % para precios superiores.

Con la nueva reforma, se han añadido cuatro tramos, que llegan a penalizar a los compradores con mayor capacidad adquisitiva:

• 10 % hasta 600.000 €.

• 11 % entre 600.000 € y 900.000 €.

• 12 % entre 900.000 € y 1.500.000 €.

• 13 % para precios superiores.

Esta subida es especialmente notable si se compara con otras comunidades autónomas como Madrid, País Vasco o Andalucía, donde el ITP oscila entre el 6 % y el 7 %. Resulta aún más paradójico que no se hayan planteado rebajas para las viviendas de menor coste, por ejemplo, en tramos de 0 € a 300.000 €, lo que podría facilitar el acceso a una primera vivienda a jóvenes y familias.

El mensaje a los grandes inversores

El ITP al 20 % para la compra de inmuebles enteros y para los grandes tenedores es lo más preocupante. A esto se suma la supresión de la bonificación del 70 % que tenían las empresas inmobiliarias para inmuebles que compraban, reformaban y vendían en un plazo de tres años.

Estas medidas envían un mensaje claro a los inversores: "No queremos vuestro dinero en Cataluña, id a invertirlo a otro lugar". Este es un grave error, fruto de una visión dogmática por parte de los responsables de estas leyes. Bajo la premisa de que quienes tienen dinero son "malos" y deben ser castigados, se está ahuyentando la inversión en un momento crítico.

La lógica, en una situación de crisis de vivienda como la actual, dictaría lo contrario. Después de más de una década sin una política de vivienda eficaz y con una ley de vivienda deficiente, la solución no es castigar, sino ofrecer condiciones atractivas, incentivos fiscales y seguridad jurídica para atraer la inversión, incluso la extranjera, y así fomentar la construcción de viviendas destinadas al alquiler de larga duración.

En los próximos meses, es probable que escuchemos a los responsables quejarse de la falta de pisos de alquiler, culpando al capitalismo. Sin embargo, los verdaderos responsables de la falta de inversión en vivienda son quienes, con su dogmatismo, piensan que castigando a los inversores se incrementará el parque de viviendas de alquiler.